Guerra Cristera

Es sin lugar a dudas uno de los episodios más polémicos de la historia mexicana, que ha suscitado enconadas controversias.

Al mismo tiempo, es, de manera paradójica, el período más negado y oscurecido de la historia de México, a pesar de que sobre él hay abundantes testimonios de sus protagonistas, destacando las obras de Luis Rivero (“Entre las patas de los caballos”), Ezequiel Mendoza (“Testimonio Cristero”), Aquiles P. Moctezuma (“El conflicto religioso en 1926”) y Antonio Rius (“México Cristero”). Esta negación oficial, ha hecho que la Guerra Cristera sea un tema desconocido por la nuevas generaciones, ya que por más de 50 años fue un asunto desterrado de los libros de texto oficial, un tema silenciado.

Esta situación ha ido cambiando de manera paulatina en los últimos 30 años, con la aparición de admirables estudios modernos, como los de Lauro López Beltrán (“La persecución religiosa en México”) y la monumental “La Cristíada”, del historiador Jean Meyer, en 3 tomos, la cual ha sido reeditada varias veces por la editorial Siglo XXI, además de un resumen en un solo tomo y una obra visual en 4 tomos publicada por editorial Clío.
Lo primero que llama la atención al aproximarnos a este período es la diversidad de interpretaciones que se le han dado. Así, ha sido considerada como “la última etapa de la Revolución Mexicana”, como una “guerra fratricida”, “insurrección de fanáticos” y la “ultima guerra religiosa en pleno siglo XX”.

Sin embargo, un análisis más cuidadoso nos revela la verdadera naturaleza del fenómeno. Antes que una insurrección o una guerra religiosa, la Cristíada (denominada así por Meyer para acentuar debidamente su condición de epopeya) es la defensa armada de un pueblo por sus legítimos derechos.

En efecto, casi desde el momento mismo de la Independencia los sucesivos gobiernos de México habían intentado subrrogarse en los privilegios que la corona española ejercía en su calidad de “Real Patronato” sobre la Iglesia, incluyendo los derechos de cobrar diezmos, designar obispos, disponer de los bienes eclesiásticos y supeditar a los sacerdotes como simples asalariados del gobierno. Como se puede apreciar, una injerencia del poder secular en los asuntos internos de la Iglesia y que dio lugar a múltiples conflictos a lo largo del siglo XIX.

Esta situación llegó a su clímax con el furor revolucionario. De la hecatombe que significó una guerra civil que se prolongó más de una década y que significó un millón de muertos, surgió la facción carrancista como triunfadora. Para consolidar su poder, Venustiano Carranza convoca de manera imprevista a la redacción de una nueva Constitución, hecha al gusto de sus incondicionales.

Entre fuertes claroscuros de la nueva ley, destacaba de manera esperpéntica una marcada hostilidad a la religión. Entre otros el artículo 3° vulneraba el principio liberal de libertad de enseñanza; el artículo 5° suprimía las órdenes religiosas, aún las dedicadas a obras hospitalarias indispensables para el país; el artículo 27 desconocía toda personalidad a las diferentes iglesias y confesiones y las despojaba de todo tipo de bienes para cumplir con su ministerio y como remate, el artículo 130 vulneraba de manera descarada el principio de libertad religiosa al someter a la iglesia a caprichosas prohibiciones: sacerdotes y monjas no podían usar vestiduras eclesiásticas, no se podían celebrar actos de culto fuera de los templos y se prohibían las manifestaciones religiosas en público, con lo cual ¡las procesiones, las peregrinaciones e incluso las representaciones de Semana Santa al aire libre quedaban reducidas a la ilegalidad!

Todas esas prohibiciones constituían un catálogo de barbaridades que impedían de hecho el libre ejercicio de culto -supuestamente protegido por el artículo 24 de la Constitución- y motivó que en repetidas ocasiones organizaciones de ciudadanos y connotados juristas solicitaran al gobierno mexicano una modificación constitucional.

Pero el gobierno de México no sólo mantuvo la legislación original, sino que en los hechos aplicó una política de abierta hostilidad al catolicismo. Así, en una irracional escalada, en los cuatrienios de Obregón y Calles se tomaron diversos templos, se puso una bomba frente al arzobispado de México y otra al pie del altar de Nuestra Señora de Guadalupe (cuya imagen quedó ilesa), se expulsó a sacerdotes y al Delegado Apostólico, Mons. Philippi, se destruyó el monumento a Cristo Rey y se desataron balaceras en contra de católicos por parte de agraristas y sindicalistas protegidos por el régimen. Esta arbitraria conducta llegó a extremos ridículos con el intento del General Calles de impulsar una iglesia cismática mexicana, a cargo del “Patriarca” Joaquín Pérez, que terminó en un estrepitoso fracaso.

Pero se estaba ya ante una abierta persecución religiosa, la que se plasmaba en una serie de leyes absurdas en cada entidad, como la que en Chiapas consideraba “malvivientes y delincuentes” a “las personas que celebren actos religiosos en lugares públicos o enseñen dogmas religiosos a la niñez…”.

Ante ello, los católicos mexicanos (la inmensa mayoría del pueblo) se organizaron para defender sus derechos: se creó la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, se imprimieron millares de folletos, se organizaron actos de resistencia pacífica y se hicieron solicitudes al Congreso, la última de las cuales venía acompañada de 2 millones de firmas de ciudadanos, en un país que en aquel entonces contaba únicamente con 15 millones de habitantes. El General Calles desdeñó las solicitudes de reforma y expresó fríamente que no pensaba dar marcha atrás en la legislación antirreligiosa y que sólo quedaba a los inconformes la vía de tomar las armas.

Así, de manera insólita, estamos en pleno siglo XX ante el fenómeno de una abierta persecución religiosa impulsada por un gobierno que vulnera arbitrariamente los derechos humanos, cerrando al mismo tiempo cualquier vía legal y pacífica para modificar la situación, lo que fue denunciado mundialmente por S.S. Pío XI en dos encíclicas: “Acerba animii” e “Iniquis afflictisque”.

Ante la última vejación, la promulgación de la Ley reglamentaria del artículo 130 constitucional, también conocida como Ley Calles, que aplicaba los mecanismos sancionadores en la materia, imponiendo penas de cárcel, multa y destierro a los ministros de culto, los obispos mexicanos protestan unánimes en una enérgica Carta Pastoral el 25 de julio de 1926 y previa consulta con la Santa Sede señalan que de no derogarse dicha ley, se suspendería en todo el país el culto público por no existir para los sacerdotes condiciones mínimas para ejercer su ministerio.

A este punto de inflexión se había llegado por el empecinamiento del gobierno revolucionario de imponer su voluntad en contra de la mayoría del pueblo. Cuando éste se levantó en armas, de manera espontánea, en todo el centro-occidente de México de agosto a diciembre de 1926, lo hizo en defensa de sus libertades fundamentales.

Aunque no todos los obispos mexicanos dieron su visto bueno al alzamiento armado, en febrero de 1927 el Presidente de la Comisión de Obispos Mexicanos declara en Roma: “¿Hacen bien o mal los católicos recurriendo a las armas? Hasta ahora no hemos querido hablar, por no precipitar los acontecimientos.

Mas una vez que Calles mismo empuja a los ciudadanos a la defensa armada, debemos decir: que los católicos de México, como todo ser humano, gozan en toda su amplitud del derecho natural e inalienable de legítima defensa”.
Calles esperaba poder vencer esos levantamientos, mal preparados y dispersos, en pocas semanas. No en balde las importantes rebeliones militares de los generales De la Huerta en 1923 y Escobar en 1929, con decenas de miles de hombres bien pertrechados, fueron en su momento aplastadas en 2 ó 3 meses. Pero una formidable sorpresa le esperaba, ya que el temple de los alzados era muy distinto.

A lo largo de 1926 se produjeron un total de 64 levantamientos espontáneos en partes de Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Zacatecas. Al inicio, estos grupos de 20 ó 50 “cristeros” (como despectivamente les llamaban las tropas federales, nombre que acogieron con orgullo) carecían de uniformes, armas, municiones y hasta bastimentos, y como señala Meyer “no tenían otra fuente de municiones que el ejército, al cual se las tomaban…”. A este primer período de incubación del movimiento armado siguió el “gran alzamiento” de 1927, cuando se calcula que más de 20,000 personas se levantaron en armas. Los dirigentes de la Liga se pusieron al frente para darle cierta cohesión y se integró formalmente la “Guarda Nacional de Cristo Rey”.

Con el tiempo, el mando se unificó en torno a la figura del Gral. Gorostieta, antiguo militar revolucionario que tenía cuentas pendientes con “los sonorenses” (Obregón y Calles) y quien, antes de morir en una emboscada en 1929, se convirtió plenamente al catolicismo, conmovido por el valor y ejemplo que le daba su tropa. Durante 1927, hubo extensas zonas del Bajío y “los Altos” que quedaron bajo control cristero, principalmente las poblaciones medias y pequeñas.

El gobierno reaccionó violentamente y a partir de 1928 concentró a más de 70,000 efectivos en las grandes ciudades (Guadalajara, León, Morelia) desde las que lanzó fuertes contraofensivas militares que buscaron acabar con los cristeros aplicando un plan de “tierra quemada”. Esta salvaje política dio lugar a indecibles sufrimientos de la población, la que en muchas ocasiones fue “reconcentrada” en ciertos parajes, virtuales “campos de concentración”. Pero el efecto fue el contrario, pues como explica Lauro López Beltrán, “la dureza de la represión, la ejecución de todos los prisioneros, la matanza de los civiles, el saqueo, la violación, el incendio de los pueblos y cosechas, dejaban en la estela de los federales nuevos levantamientos en germen”.

Para inicios de 1929 el movimiento cristero, antes que disminuir, había crecido notablemente hasta llegar a más de 50,000 alzados, los cuales eran imposibles de batir, como bien lo comprendió el Gobierno. Ante la fuerte presión internacional y especialmente la intervención del embajador norteamericano, Morrow, empezó a buscar una solución alterna. Los obispos mexicanos Mons. Pascual Díaz y Mons. Leopoldo Ruiz y Flores fueron llevados a la Ciudad de México y el flamante Presidente Emilio Portes Gil (interino designado por Calles en pleno Maximato) les ofreció levantar la legislación antirreligiosa, pero sin dar ninguna garantía de ello. Ambos prelados, deslumbrados, aceptaron los términos de los “arreglos”, a resultas de los cuales a partir de junio de 1929 se dio la desmovilización del ejército cristero.
Al entregar sus armas, los jefes de la Cristíada sabían que el gobierno mexicano incumpliría sus promesas. Casi 2,000 de ellos serían “cazados” al regresar a sus hogares. A pesar de todo, las depusieron, pues su lucha había sido no para alcanzar un triunfo efímero, sino para reivindicar ante el mundo y la historia valores trascendentes y el inalienable derecho que tenemos los seres humanos a ejercer la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y culto.

En 1992, el gobierno mexicano modificó los artículos 3°, 5°, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacerla acorde con un cabal respeto a los Derechos Humanos fundamentales, con lo que finalmente se derogó la legislación antirreligiosa que tanto daño hiciera a nuestro país. Se reconoció personalidad jurídica a las iglesias y se restablecieron relaciones diplomáticas con la Santa Sede.

Hoy, ante un mundo convulso, México se distingue por ser un país que promueve el respeto a la legalidad y los derechos del ser humano, con el cimiento firme de sus convicciones y valores trascendentes.